Cárceles: ¿Centros para la resocialización o escuelas para perfeccionar delitos?
Según Romy Chang Kcomt: Resultan obvias las fallas
de las que adolecen nuestros centros penitenciarios y son abundantes las
críticas que giran en torno a ellos. Pero, ¿Tiene solución este problema?, ¿Quién o quiénes son los llamados a trabajar
en esta materia?, ¿Es importante en una sociedad dedicarle energías a este
tópico penal?. Poco debate en la materia
no hace que ésta deje de ser importante, sobre todo si se toman en cuenta las
cifras de reincidencia que para enero de 2012 dio a conocer el Instituto
Nacional Penitenciario. Se señala que un 31% de las personas que cumplen
condena en un penal retornan a éste por haber cometido otro delito; es decir,
del total de 53 203 personas privadas de su libertad, 16 355 tienen dos o más
ingresos a un penal, existiendo incluso internos que han ingresado hasta más de
12 veces consecutivas. Esto deviene en preocupante y nos hace preguntarnos si
realmente las cárceles están cumpliendo una labor de resocialización o
reinserción del interno en la sociedad; o si, por el contrario, constituyen un
lugar para el perfeccionamiento de la comisión de ilícitos.
HACINAMIENTO
Ahora bien, dentro de los principales problemas que merecen especial atención se encuentra la deficiente infraestructura con la que cuentan los centros penitenciarios. Las condiciones de hacinamiento son totalmente contrarias a cualquier fin preventivo de la pena, no existiendo ni siquiera ambientes adecuados para que el interno pueda comunicarse con su abogado en aras de una estrategia de defensa.
El caso más vergonzoso, que muestra un total abandono por parte del Estado en esta materia, lo constituye el centro penitenciario de Tarapoto, donde el porcentaje de ocupación supera en un 406% el límite de capacidad de albergue de internos; así, a pesar de que el penal solo tiene capacidad para albergar a 110 internos, cuenta con una población penitenciaria de 557 personas (447 más de las que su infraestructura le permite).
En su oportunidad, una de las soluciones que el Estado planteó para el hacinamiento en las cárceles giró en torno a la posibilidad de privatizar las mismas; lo que hizo que en determinado momento ProInversión convocara a una subasta pública internacional para la concesión de un establecimiento penitenciario en el distrito de Aucallama, provincia de Huaral-Lima. El concesionario sería responsable del diseño, construcción, equipamiento, mantenimiento y operación por 25 años de este penal con capacidad para 1 536 internos primarios no reincidentes de Lima, Ica y Áncash; requiriéndose una inversión de aproximadamente treinta millones de dólares para la construcción y equipamiento del penal. Es una suerte que esta idea no haya prosperado, en tanto a nuestro parecer no constituye una solución al problema, sino un paliativo que a la larga devendrá en mucho más nocivo y perjudicial en lo que a la reincidencia concierne. Así, una empresa cuyo éxito radique en el mantenimiento del mayor número de internos posible, difícilmente se encontrará dispuesta a trabajar en la reinserción y reeducación del penado; siendo, incluso, contrario a su finalidad lucrativa la de luchar contra la reincidencia o no reingreso de internos al penal.
De lo expuesto, resulta claro que lo primero que se requiere para una reforma penitenciara es un incremento en el presupuesto que el Estado destina a las prisiones, ya que el hacinamiento impide el cumplimiento de los fines de prevención y resocialización que debe tener la pena en un estado social y democrático como el peruano. Un incremento presupuestario, acompañado de una real voluntad de reforma penitenciaria, no solo click here permitirá mejorar la infraestructura; sino también llevar a cabo una adecuada capacitación del personal que labora en los centros penitenciarios, y en la creación de servicios necesarios para la resocialización (adecuados psicólogos, psiquiatras, médicos, entre otros).
Con una seria reforma penitenciaria, se podrán mejorar incluso otros aspectos que impiden que la pena cumpla su función en nuestro país, como es el hecho de que en los centros penitenciarios peruanos no se separen a los condenados de los procesados, máxime cuando estos últimos no se encuentran cumpliendo en estricto una pena (sino que se encuentran a la espera de que se les imponga o no una); no siendo posible, en principio, aplicar en ellos políticas de resocialización y no pudiendo estos ni siquiera pedir los beneficios penitenciarios correspondientes. En esta línea, resultan preocupantes las cifras arrojadas por el Instituto Nacional Penitenciario en lo referente a internos que se encuentran procesados sin sentencia. Para enero de 2012 se reportaron 30 940 procesados, versus los 22 263 sentenciados, es decir, el número de procesados en los penales de nuestro país es mayor que el número de condenados; lo que resulta absurdo a la luz de la función de prevención de la pena. Si bien este punto compete al Poder Judicial y al Ministerio Público, dada la magnitud del problema, no puede ser dejado de lado en una reforma penitenciaria integral; pues juntar a los procesados y a los condenados no solo resulta contraproducente de cara a la resocialización, sino que, además, refuerza el uso indebido de las cárceles como escuelas para el perfeccionamiento de delitos.
Como se observa, son muchos los puntos que ameritan una reflexión respecto de la realidad carcelaria en nuestro país. Esperamos que estas palabras incrementen el debate y motiven la reflexión, proponiendo como temas prioritarios los siguientes: Inversión por parte del Estado en la infraestructura de los centros penitenciarios en todo el Perú, a fin de dotarlos de espacios y celdas que permitan a los internos vivir en condiciones dignas que garanticen sus derechos; caso contrario, será imposible plantear cualquier tipo de resocialización.
- Capacitación y contratación de personal adecuado para los centros penitenciarios, a efectos de permitir una resocialización.
- Revisión de los niveles de seguridad y control para el acceso de las visitas a los penales, ello a fin de evitar el ingreso de bienes que dificulten la resocialización.
- Separación de los internos que se encuentran cumpliendo en estricto una pena, de quienes se encuentran a la espera de que se les imponga o no una.
Romy Chang Kcomt. (22 diciembre, 2014). Cárceles: ¿Centros para la resocialización o escuelas para perfeccionar delitos?. PARTHENON.
http://www.parthenon.pe/columnistas/romy-chang/carceles-centros-para-la-resocializacion-o-escuelas-para-perfeccionar-delitos/
